Cada año se intercambian entre 18.000 y 40.000 millones de facturas en la UE, más de 500 por segundo. Al menos el 50 % de estas facturas se pagan con retraso respecto a los plazos acordados o a los plazos impuestos por la ley. Los ‘retrasos en los pagos’ en las transacciones entre empresas, o con un organismo público, son un problema importante para las empresas europeas, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pyme), ya que pueden provocar problemas de tesorería, aumento de los costes de financiación, incapacidad para crecer e invertir, despidos e incluso quiebras empresariales. La Directiva sobre morosidad está en vigor desde 2011 y establece las normas para combatir la morosidad en las transacciones comerciales entre el sector público y las empresas, y entre las propias empresas. En septiembre de 2023, la Comisión propuso un nuevo Reglamento para sustituir las normas de lucha contra la morosidad establecidas en la Directiva de 2011 sobre morosidad.
La consulta está disponible aquí y estará abierta hasta el 25 de septiembre.
